Torra admite que desobedeció la orden de retirar los lazos amarillos

5976_torraEl presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado en su juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al preguntársele si incumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos de los edificios de la Generalitat: «Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal».

En su declaración como acusado, en que solo ha respondido a su abogado Gonzalo Boye, que ha pedido que se le mantuviera durante el juicio su tratamiento de ‘Molt Honorable’, Torra ha defendido que cumplió su deber como presidente de la Generalitat de defender «los derechos y libertades de los ciudadanos».

«Sí, la desobedecí, pero es que era imposible cumplir una orden ilegal, todos los miembros de esta Sala lo saben que ésta era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía competencia para hacerlo», ha resumido en la última respuesta de su declaración.

Según el presidente, la Junta Electoral Central (JEC) «no es un órgano superior jerárquico al presidente de la Generalitat» y no tenía competencia para ordenarle retirar de los edificios públicos y de Generalitat los lazos y otros símbolos en periodo electoral.

Torra ha dicho que, además, la Generalitat no tenía ninguna participación en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que, como presidente de la Generalitat, en todo caso estaba sometido a las decisiones de las juntas electorales provinciales.

El presidente catalán ha afeado sobre la JEC, que dictó dos órdenes el 11 y 18 de marzo exigiendo retirar lazos y ‘estelades’ de los edificios públicos para garantizar la neutralidad: «La JEC me ordenó, me amenazó, actuó de manera omnipotente y omnipresente».

«CENSURA CLARA»

Para Torra, que ha declarado ante el tribunal durante poco más de media hora, la causa contra él es un caso «de vulneración del derecho de libertad de expresión y de censura clara».

Ha indicado que analizó la petición de la JEC junto a abogados y el equipo jurídico de la Generalitat y que todos convinieron que era «un acto nulo e ilegal», y ha opinado que en realidad querían que prevaricara con la retirada de las pancartas y los símbolos, porque él no tenía la facultad para ordenarlo.

De hecho, ha dicho que las resoluciones de la JEC incurrieron en «la ambigüedad más absoluta» sobre qué símbolos retirar, y ha recordado que él como presidente de la Generalitat no tiene competencia para ordenar la retirada de símbolos de edificios públicos como hospitales o escuelas.

«La JEC quería situar al presidente de la Generalitat ante una disyuntiva muy clara: por un lado hacerle obedecer un acto nulo e ilegal y por otro hacerle prevaricar. Es más, es probable que también haya incurrido en un presunto delito de coacciones», ha dicho.

NO SON SÍMBOLOS PARTIDISTAS

Torra ha explicado que colocó la pancarta con el lazo amarillo en la Generalitat porque entendía que como sede del gobierno catalán «era importante que se expresara el deseo mayoritario de la sociedad catalana de la libertad de los presos políticos».

El presidente ha defendido que el lazo amarillo, símbolo que ha dicho que ya fue usado en la Guerra de Sucesión, no es un símbolo partidista, y que la ‘estelada’ representa un «anhelo de libertad» y es plenamente legal y vigente.

De hecho, ha defendido que se llame a los líderes independentistas presos por impulsar el 1-O por decisión del Tribunal Supremo «presos políticos» porque su encarcelamiento procede de una decisión política.

Para Torra, desde el momento en que se judicializó un hecho político como es impulsar el 1-O, se puede hablar de ‘presos políticos’ «por más que incomode a alguien, y por más que alguien se levante de una sala cuando se habla de presos políticos», en alusión a un acto en el que un discurso del presidente del Parlament, Roger Torrent, motivó que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el fiscal superior, Francisco Bañeres, se ausentaran de la sala.

Asimismo, ha citado el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, y ha asegurado que contenía un punto que instaba al Gobierno «a dar la publicidad necesaria de las irregularidades cometidas».

Por eso, ha dicho: «La pregunta no es qué hacía la pancarta de libertad presos políticos y exiliados en el Palau de la Generalitat, sino por qué no estaba en otros edificios públicos, por qué no estaba en la Delegación del Gobierno».

TACHA A VOX DE «FRANQUISTA»

Al inicio de su declaración, Torra ha manifestado que no iba a responder a la Fiscalía ni a Vox, tachando a este último de «partido franquista».

Esta declaración ha motivado la intervención del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que le ha advertido de que no permitiría ninguna «valoración ofensiva o descalificadora», y ha rechazado que explicara sus motivos para no responder al Ministerio Público.

Torra se enfrenta a una petición de Fiscalía de condena de 20 meses de inhabilitación por haber desobedecido la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos, la pancarta a favor de la libertad de los presos y otros símbolos de los edificios públicos de la Generalitat.

El presidente ha entrado a las 8.50 horas en el TSJC acompañado de su mujer y arropado por una comitiva de partidos y entidades, y más de 500 personas.

LA DEFENSA PIDE ANULAR EL JUICIO

La abogada de Torra ha pedido anular el juicio contra él por presunta desobediencia, al considerar que se está vulnerando el derecho a un juez imparcial y alegando también vulneración de la presunción de inocencia: «Tienen una oportunidad histórica de salvar el sistema democrático».

«No creemos que el presidente piense que va a tener un juicio imparcial cuando parte todo de una instrucción parcializada», ha abundado la abogada Isabel Elbal, en el turno de cuestiones previas durante la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Asimismo, ha asegurado que los dos miembros de la Junta Electoral Central (JEC) que denunciaron a Torra ya se manifestaron de forma hostil en contra del proceso soberanista, y que el magistrado instructor de la causa hizo una «instrucción parcializada».

La abogada ha lamentado que el instructor de la causa valorara los hechos en un auto que debió ser objetivo –ha dicho– y ha asegurado que la sala «está contaminada» porque el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas fueron quienes admitieron a trámite la querella de la Fiscalía al inicio del procedimiento.

Así, la abogada ha dicho que, cuando invocaron ante el tribunal que dos miembros de la JEC se habían manifestado de forma «hostil» contra el proceso independentista y que podían ser parciales, desde el TSJC se limitaron a decir que no habían recusado en el momento adecuado.

«Si había un problema, aunque hubiera un error de forma, deberían haber entrado a valorar si estaban contaminados», ha indicado la letrada, que ejerce la defensa de Torra junto al abogado Gonzalo Boye.

Asimismo, cree que el magistrado instructor, en el auto de transformación del procedimiento a abreviado, entró a hacer valoraciones cuando éste debe ser un escrito neutro y objetivo de descripción de hechos, por lo que cree que se ha hecho una «instrucción parcial».

Ha opinado que la composición de la sala que va a enjuiciar a Torra, con Barrientos y Armas, no les da «ninguna confianza en que el tribunal vaya a ser imparcial».

«Entendemos que la sala está contaminada y que los dos magistrados no deberían estar sentados en el tribunal», ha valorado la abogada respecto a estos dos miembros del tribunal.

FISCALÍA

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, se ha opuesto a todas estas peticiones, ya que no comparte «la idea del complot que parece trascender», considerando que los miembros de la JEC y los jueces hicieron manifestaciones propias de la libertad de expresión y que no están contaminados para iniciar el procedimiento o enjuiciar.

Para Bañeres, las causas de recusación deben «entenderse restrictivamente», alegando que, si no, se abriría la puerta a que cualquier opinión de un juez pudiera ser causa de recusación en todo procedimiento.

Además, sobre el auto de conversión a procedimiento abreviado, recuerda que no es una resolución neutral, puesto que en ella el juez decide si el procedimiento debe continuar o no, por lo que «plasmar esos argumentos, se ponga más o menos énfasis, forma parte de las atribuciones del juez y no afecta a la presunción de inocencia ni es causa de recusación».

EL TSJC RECHAZA ANULAR EL JUICIO

El TSJC ha rechazado anular el juicio y todas las cuestiones previas planteadas por la defensa de Torra, argumentando que ya se habían planteado anteriormente y que el tribunal ya les había dado respuesta.

El TSJC sí ha aceptado la petición de la Fiscalía de aportar a la causa una nota de prensa del Govern del 14 de marzo y la no emisión por televisión de imágenes con el rostro de los policías nacionales que testificarán en el juicio.

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