El Gobierno destinará 730 millones de euros a la atención de mayores y dependientes, servicios sociales y accesibilidad


El Ejecutivo acordará el reparto de estos fondos europeos con las comunidades y ciudades autónomas a las que, además, permitirá ampliar los sectores beneficiarios de ayudas directas por la COVID-19. Además, ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia organizativa del sistema público de justicia.

El Consejo de Ministros ha acordado distribuir entre las comunidades y ciudades autónomas 730,8 millones de euros de fondos europeos destinados a la economía de los cuidados. Las cantidades concretas para cada una de ellas será acordada en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado que los fondos tienen carácter finalista, y, por tanto, irán destinados a actuaciones enmarcadas en tres planes concretos.

El Plan de apoyos y cuidados de larga duración, dotado con 482 millones, tiene por objetivo atender prioritariamente a las personas mayores o dependientes en sus domicilios, y, cuando eso ya no sea posible, prestar esa atención en residencias más pequeñas y con personal más estable. Según Belarra, el modelo residencial actual “no está atendiendo adecuadamente ni a las necesidades de personas mayores y dependientes y tampoco a sus deseos”, ya que la mayoría prefiere ser atendida en sus casas mientras sea posible.

El Plan de modernización de los servicios sociales, al que se destinarán 216 milllones, persigue hacerlos más accesibles y eficientes para la ciudadanía, y también contempla una reforma del sistema de protección a la infancia.

El Plan España Accesible destinará los 31 millones restantes a solventar problemas de accesibilidad física o cognitiva para personas con diversidad funcional, como las afectadas por trastorno del espectro autista, y mejorar la accesibilidad al transporte público.

La ministra ha reflexionado acerca de la importancia de activar en nuestro país la economía de los cuidados para sumar “la transición social” a las también necesarias transiciones ecológica y digital que se van a ver impulsadas con la llegada de los fondos europeos.

Ione Belarra ha señalado que estas inversiones con positivas porque, además de mejorar de forma tangible la vida de la gente, generan empleos no deslocalizables, fijan población en el medio rural y contribuyen a mejorar las condiciones de un sector muy feminizado y tradicionalmente precario, como el de las trabajadoras del hogar o del sistema de atención a la dependencia.

Ampliación de los sectores beneficiarios de ayudas directas

El Consejo de Ministros ha modificado el Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 aprobado el 12 de marzo.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que el objetivo de esta medida es que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan ampliar los sectores y empresas que podrán beneficiarse de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas dotado con 7.000 millones de euros. Además, la nueva norma incluye la posibilidad de que puedan otorgar, de forma excepcional, ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019.

Montero ha indicado que el Gobierno identificó casi un centenar de sectores basándose en criterios objetivos a nivel nacional, pero es consciente de que cada comunidad autónoma tiene características específicas que requieren de respuestas personalizadas.

La portavoz ha resaltado el trabajo del Ejecutivo para que las ayudas lleguen lo antes posible a sus destinatarios, por lo que la semana pasada aprobó una orden para repartir los recursos y remitió a las comunidades autónomas los convenios que se tienen que firmar para transferir los fondos en un plazo máximo de 10 días desde la firma.

Las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha, ha anunciado la portavoz, ya han devuelto el convenio firmado y, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, recibirán de inmediato el dinero.

Por otra parte, con el fin de facilitar a las empresas el pago de sus obligaciones de carácter no tributario, las delegaciones de Economía y Hacienda les podrán conceder un periodo de carencia de dos años desde la fecha de su vencimiento y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.

“Si sumamos los aplazamientos y fraccionamientos, las empresas tendrán hasta cuatro años adicionales para pagar sus deudas”, ha concluido Montero, quien ha añadido que “las solicitudes se podrán presentar durante los ejercicios 2021 y 2022, con independencia del periodo al que se refieran”.

Eficiencia organizativa del sistema público de justicia

El Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, que se suma al de eficiencia procesal impulsado el pasado mes de diciembre y se completará con un tercero, previsiblemente antes del verano, sobre eficiencia digital.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado que “el interés, énfasis y energías” del Gobierno están puestos en conseguir la eficiencia del sistema judicial, esencial para la ciudadanía, y en su modernización, de forma que también las políticas de justicia contribuyan a la recuperación y la transformación del país. Incluso, para centrarse de lleno en este objetivo, Campo ha anunciado la intención del Ejecutivo de pedir a los grupos parlamentarios que han registrado una iniciativa para cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la retiren.

Campo ha afirmado que garantizar el derecho constitucional a la efectividad del sistema judicial hará posible revertir la percepción actual, poco positiva, que tiene la ciudadanía. Según distintos datos, hay en torno a un 6% menos de resoluciones y se ha aumentado la duración de procedimientos de 66 a 162 días, a pesar de que España es uno de los países que más invierten (70,1 euros frente a la media europea de 64 euros por habitante) y lidera el índice de equipamientos en tecnologías, que la plantilla de jueces se ha incrementado un 50% en los últimos 20 años y que la litigiosidad ha bajado un 35% en los últimos 10 años.

3 ejes principales de la reforma

Los ejes de la nueva vertebración de la administración de justicia serán los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.

Los Tribunales de Instancia, uno en cada partido judicial, permitirán mayor “accesibilidad, eficiencia y flexibilidad en los aspectos organizativos”. Los órganos de gobierno de estos Tribunales serán elegidos por los jueces de forma participativa.

Cada Tribunal tendrá secciones especializadas, cuyos presidentes podrán fijar criterios de unificación. Los jueces que no los sigan o adopten deberán motivar sus razones para ello: “Creo que así dotamos al sistema de una enorme previsibilidad y por tanto de seguridad jurídica”, ha señalado el ministro.

Las Oficinas Judiciales, ya existentes desde 2003, serán potenciadas para que se extiendan a todo el territorio nacional, y las Oficinas de Justicia en el municipio supondrán una evolución de los actuales juzgados de paz para atender a la ciudadanía de una forma cercana y transversal.

Campo ha hecho hincapié en que el objetivo es que se conviertan en un referente para el ciudadano en pueblos y ciudades, no solo en lo relativo a trámites judiciales sino también respecto a otras gestiones administrativas que puedan ofrecerse a través de convenios con otros organismos y administraciones públicas.

El ministro ha agradecido el trabajo y participación en el anteproyecto de ley de comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, profesionales -abogados, procuradores, graduados sociales- sindicatos y partidos políticos, en lo que ha supuesto un ejemplo, ha dicho, de cogobernanza.

Pandemia y ritmo de vacunación

El Consejo de Ministros ha analizado la situación de la pandemia y el ritmo de vacunación. La portavoz del Ejecutivo ha informado de que España ha adquirido más de 93 millones de dosis de vacunas, de las que ha recibido 14 millones. Esto ha permitido que al 20% de la población -una de cada cinco personas- se le haya administrado la primera dosis y a 3,4 millones la pauta completa.

María Jesús Montero ha avanzado que desde el lunes y durante todo el mes de mayo se recibirán una media de 1,7 millones de dosis semanales de la marca Pfizer-BioNTech, a las que se sumarán a las recibidas de otras marcas comerciales.

La decisión de la Unión Europea de activar la compra de 100 millones de dosis adicionales de Pfizer-BioNTech, ha resaltado Montero, implica que España contará con margen suficiente para alcanzar el objetivo de tener al 70% de la población vacunada en el mes de agosto.

Limitaciones de vuelos desde Brasil y Sudáfrica
El Gobierno ha prorrogado las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y Sudáfrica. Se trata de la sexta prórroga del acuerdo que limita los vuelos entre esos países y los aeropuertos españoles, con el fin de frenar la propagación y el contagio por el COVID-19.

María Jesús Montero ha concreado que la medida entrará en vigor desde las 00:00 del día 27 de abril (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de 2021 (hora peninsular).

Más de 387 millones de euros para ayudas posdoctorales
El Gobierno ha aprobado la concesión directa de subvenciones, con carácter plurianual, a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario.

María Jesús Montero ha afirmado que se trata de la inversión más ambiciosa en ayudas posdoctorales en este ámbito realizada hasta la fecha: 361,56 millones de euros para el período 2021-2023, a los que se añaden 25,59 millones que se transferirán directamente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El objetivo es fomentar la recualificación y la movilidad nacional e internacional del personal docente e investigador, lo que permitirá aumentar la calidad del servicio público que prestan las universidades.

La portavoz ha detallado que se concederán un mínimo de 2.521 ayudas en tres modalidades: ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores; ayudas para la recualificación del personal docente e investigador estatutario o contratado con 10 años o menos en su actual categoría, y ayudas María Zambrano para la atracción de talento internacional. Las tres exigen movilidad nacional o internacional en universidades o centros de investigación diferentes a aquella donde se presentó la tesis doctoral.

Montero ha añadido que el Gobierno prevé haber concedido todas las ayudas, que van a gestionar de forma directa las universidades públicas, el 1 de diciembre de 2021.

Otros acuerdos

En el apartado educativo, el Consejo de Ministros ha creado tres cursos de especialización de Formación Profesional: uno en Inteligencia Artificial y Big Data, otro de Fabricación Aditiva y un tercero en Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que los cursos completarán los perfiles profesionales de quienes ya disponen de un curso de Formación Profesional y requieren del aprendizaje de las últimas innovaciones en sus respectivos ámbitos. Además, ha dicho, el Gobierno continúa así renovando y ampliando la oferta formativa en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional.

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas de apoyo al sector del vino, adaptando la legislación española al nuevo escenario de flexibilidad aprobado en la normativa comunitaria a causa de la pandemia.

María Jesús Montero, ha precisado que los cambios permitirán eximir de determinadas penalizaciones a viticultores y bodegas, flexibiliza plazos exigidos al sector y permite aumentar la participación de la Unión Europea en las ayudas.

Con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra el 26 de abril, el Gobierno ha aprobado la declaración institucional en la que expresa su compromiso con la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La portavoz ha detallado que las empresas que hacen uso de estos derechos suponen el 40% del Producto Interior Bruto y acumulan el 27 % de los puestos de trabajo. Estas empresas, ha proseguido, “son esenciales para la transformación del modelo económico español y avanzan hacia un modelo más sostenible y más integrador”.

Asuntos de actualidad

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero se ha referido a la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Andorra. En este foro, el jefe del Ejecutivo anunciará que España pondrá vacunas a disposición de América Latina, una de las zonas más afectadas por el virus, para que afronte la emergencia sanitaria.

Montero ha recordado que el acceso a las vacunas tiene que ser equitativo y universal y que el Gobierno aprobó a principios de año un plan de vacunas solidarias.

La portavoz ha mantenido que la voluntad de España es “coordinar esta acción con la Unión Europea para que las dosis lleguen lo antes posible a los países que prioritariamente las necesiten”.

Por otra parte, la ministra ha avanzado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado a Pedro Sánchez a participar en la Cumbre del Clima que se reunirá de forma telemática los días 22 y 23 de abril.

La celebración de esta cumbre refleja, a juicio de Montero, que el nuevo gobierno estadounidense vuelve a apostar por la transición ecológica. España, ha añadido, es uno de los países más comprometidos en la lucha contra el cambio climático, y prueba de ello es que el 39% de los fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia se invertirán en áreas vinculadas a esa transición.

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