El Gobierno se prepara para una avalancha de denuncias por sus retrasos ante el coronavirus

LUCA COSTANTINI

El Gobierno de Pedro Sánchez teme una avalancha de denuncias por su gestión en los primeros pasos en la crisis del coronavirus y por los problemas detectados (falta de material y de coordinación) más adelante. El país registra ya más de 1.700 fallecidos, y otros tantos luchan contra la muerte. Ante la situación de crisis, fuentes del Ejecutivo dan por hecho que pronto afectados, médicos o partidos de la oposición llevarán el asunto a los tribunales. Señalan como principal error haber permitido la manifestación feminista cuando había centenares de infectados: «El 8-M será la condena de Sánchez».

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En Francia ya se han presentado las primeras denuncias. Un grupo de médicos quiere llevar a los tribunales la gestión de Emmanuel Macron, y concretamente la de su ministro de Sanidad, por los retrasos en decretar la alarma sanitaria. El escenario es parecido al español. Máxime porque en Francia el partido de oposición de Jean Luc Mélenchon ha respaldado la iniciativa, y no se puede excluir que en España pase lo mismo.

Tres datos preocupan a Sánchez
Hay al menos tres datos que preocupan al Ejecutivo. En primer lugar la voz de alarma que llegaba desde Italia ya a finales de febrero y que España ignoró. El dos de marzo, Sanidad barajó frenar las aglomeraciones, pero reculó el día siguiente, declarando “moderado” el riesgo para el país. Esa semana el Ejecutivo dio su visto bueno a la celebración de partidos de fútbol, actos políticos y una manifestación del 8-M con 120.000 personas. Mientras, la Comunidad de Madrid decretó el cierre de los colegios de mayores. A partir del 9-M, el Gobierno de Sánchez asumió la gravedad de la situación. ¿Por qué no se actuó antes?

Imagen de la manifestacion del 8-M en Madrid.
Imagen de la manifestacion del 8-M en Madrid. Europa Press
El segundo punto alarmante es que el 2 de marzo la UE envió una recomendación alertando de que las concentraciones multitudinarias «propagan el virus». La OMS llevaba días pidiendo medidas de contención y la UE elevaba el nivel de riesgo de «moderado» a «elevado». Las autoridades españolas, sin embargo, insistían en reducir el impacto del contagio.

El tercer dato que preocupa a Sánchez atañe a los movimientos dentro del propio Ejecutivo. Fuentes gubernamentales aseguran a Vozpópuli que hubo ministros que pidieron evitar “recomendaciones” oficiales para alertar sobre el contagio en la marcha. Nadie quiere denunciarlo públicamente, pero Sánchez teme que si las relaciones con Podemos empeoran, se pueda producir una ola de filtraciones.

Delito de lesiones y homicidio
Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que hay que mirar al artículo 14 del Código Penal, relativo a las omisiones, como posible tipo delictivo. Ese artículo dictamina que la entidad o persona jurídica que debe tomar una decisión como obligación legal y no lo hace puede considerarse responsable de un delito de lesiones en el caso de una enfermedad. Si la enfermedad acaba con un deceso se mantendría dentro del tipo de homicidio imprudente (no voluntario). El artículo 14 puede ser «fuente de responsabilidad» aseguran los penalistas.

El servicio de urgencias del Hospital Infanta Leonor (Madrid) este sábado.
El servicio de urgencias del Hospital Infanta Leonor (Madrid) este sábado.
Los familiares de los afectados pueden convertirse en los más interesados en denunciar. Entre otras cosas para recibir una indemnización. El colapso de los hospitales deja cada día imágenes estremecedoras, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envió la semana pasada una carta a Sánchez denunciado que el Gobierno retiene material sanitario en aduanas. La escasez de mascarillas, batas y respiradores puede salpicar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha asumido el mando único de la gestión sanitaria. Posiblemente, otro error.

Además de los familiares de las víctimas, también preocupan los colectivos de médicos y enfermeros. Todos los sectores sociales que están recibiendo el fuerte apoyo de la población, y que también reconocen que se actuó tarde. Una enfermera española, Ana Lleó, que trabaja en la zona cero de Milán (Italia) dijo a El Mundo: «En España se hizo una manifestación del 8-M cuando ya se sabía lo que venía. España ha perdido tiempo cuando se sabía lo que iba para allá».

El papel de los expertos
En esta situación de máxima alarma, Sánchez apuesta por «mantener la unidad» y se defiende diciendo que «ahora sabemos que el virus es más dañino». También anunció que abrirá una comisión para aclarar si se hicieron errores en el ámbito de la Sanidad. Pero no asumió responsabilidades directas sobre los retrasos en la respuesta a la emergencia.

En más de una ocasión se escudó en que siguió los consejos de los «expertos» y la «ciencia». Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, es quien lidera el equipo ministerial de técnicos que luchan contra el virus, y no es improbable que, llegada la hora, el Ejecutivo intente endosarle a él la culpa de los presuntos errores cometidos.

A nivel político, no obstante, es reconocido por casi todos que los ministros del Gobierno no vieron llegar la tragedia. Hay quien lo achaca a la debilidad del Ejecutivo, que estuvo debatiendo sobre leyes como la de Libertad Sexual de Irene Montero cuando ya se contaban centenares de contagios, y quien lo vincula a un exceso de confianza. El sábado 7 de marzo, pocas horas antes de la manifestación del 8-M y de que los aficionados acudieran al estadio a ver el fútbol, ya había más de 400 contagios (confirmados) con un foco nacional en Torrejón de Ardoz, con 129.000 habitantes.

Ante esa avalancha de denuncias, el Gobierno intenta ampliar el abanico de responsabilidades. En algunos casos con campañas en redes y otros foros que intentan endosar la culpa a dirigentes territoriales de otros partidos. Todos saben que las denuncias llegarán a todos los niveles del Estado: local, autonómico y estatal. En este sentido, será esencial saber hasta dónde fijarán los jueces la «cadena de mando». La preocupación del Ejecutivo es que todos los juicios, incluso aquellos contra alcaldes y presidentes regionales, les acabe afectando.

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