El juez imputa a Podemos como partido y a parte de su cúpula por la ‘caja B’

El magistrado cita a declarar a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y a la gerente

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado también a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos. Según informa Europa Press, el magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente. Calvente asegura que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre. Irregularidades que, según su versión, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

El magistrado ha citado a los tres cargos de la cúpula de Podemos el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio. Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.Calvente ratificó con su declaración su denuncia, que consta de 40 folios y en la que relata que conoció los hechos denunciados a partir del 2018, lo que considera ha sido la causa de su despido en diciembre del 2019. Al presentar la denuncia, la Guardia Civil elaboró un atestado que remitió a un juzgado de Martorell rebajando los posibles delitos a malversación de caudales públicos y administración desleal.

El asunto recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que una vez recibida la documentación acordó abrir diligencias el pasado 16 de julio y ahora acaba de citar como investigados a tres cargos de Podemos. En diciembre, la dirección del partido comunicó a Calvente su despido por burofax, hasta entonces responsable de Protección de Datos del partido, tras abrirle un expediente por un supuesto acoso sexual y laboral a una trabajadora. La denunciante era Marta Flor Núñez, la abogada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de la que ha trascendido su relación con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa -que se está investigando-, a raíz de las publicaciones de las conversaciones en un chat de abogados de Podemos.Calvente aseguró tener constancia de irregularidades en las campañas de microcréditos, así como en las donaciones procedentes del exterior de las que se benefició el partido de Pablo Iglesias para realizar sus campañas electorales.

A raíz de todas estas diligencias, la representación legal de Podemos ha dirigido un escrito al instructor en el que solicita la nulidad de las mismas alegando que el juzgado solo le ha proporcionado «los primeros 41 minutos y 52 segundos» de la comparecencia que prestó Calvente el 29 de julio, a pesar de que en realidad la declaración se alargó casi tres horas y media. Para Podemos, mantener las actuaciones acordadas sin haberle facilitado la totalidad de la comparecencia de Calvente, pues en ella se basan los autos dictados por el juez, genera «una evidente indefensión al no poder esta parte verificar lo practicado en su integridad en dicha declaración a los efectos de ulteriores recursos, de declaraciones testificales o de las personas investigadas, entre tantas otras diligencias que puedan practicarse».

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha sostenido que la investigación «quedará en nada» y ha censurado que su objetivo «no es judicial», sino «la difamación mediática», a la vez que ha criticado la actuación del juez Juan José Escalonilla.«Con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada», sostiene Echenique en su comentario. Pero además, vaticina que cuando esta causa «caiga» le sucederán otras nuevas. «Es así desde que nació Podemos. Son las reglas del (amañado) juego», lamenta.

En este contexto, Echenique recuerda que el juez Juan José Escalonilla es el mismo que archivó las amenazas de muerte de tres policías municipales a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena en un chat de WhatsApp. Y censura que ahora aceptara a Vox como acusación en la causa sobre la financiación de Podemos y haya abierto una investigación «prospectiva (es decir, sin pruebas) basada únicamente en una declaración». «Nada nuevo bajo el sol», lamenta.

Los tres pilares de la denunciaLos hechos denunciados por el abogado afectan a casi toda la cúpula del partido de Iglesias, aunque no se incluye ni al líder del partido ni a la número dos, Irene Montero. Se articula en tres pilares. El primero, la presunta contratación fraudulenta para las campañas electorales del año 2019 de la agencia de comunicación de origen mexicano, Neurona Consulting. Según la denuncia, Juan Carlos Monedero habría actuado presuntamente como «intermediario y comisionista» entre Podemos y la consultora en la consecución de supuestas «contrataciones ilícitas» de la citada consultora con otras empresas y gobiernos de Latinoamérica. De esta forma, Monedero, amigo personal de César Hernández Paredes, director de Neurona, podría haber obtenido presuntos «fondos mediante contratos simulados, para su propio beneficio personal». El segundo pilar de la investigación se centraría en las irregularidades cometidas por el partido durante las obras de remodelación de su nueva sede en la calle Villaespesa de Madrid adjudicadas por 1,3 millones, que habían sido licitadas por la mitad de esa cantidad. El tercer hecho denunciado se centra en la llamada «caja de solidaridad» de Podemos, en la que se destinaban los «excedentes» de los salarios públicos de los dirigentes del partido y que se asignaban a proyectos o gastos «poco claros».

En relación a esta denuncia, el juez ya había citado, para el 15 de septiembre y como testigos, a la que fuera responsable del equipo legal de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, y a otra abogada del equipo de Calvente despedida, Mónica Carmona, que fue responsable de Cumplimiento Normativo en la formación.